La senadora de Cs por Zaragoza pregunta al Ejecutivo qué medidas se van a tomar para aprobar el texto refundido de la Ley Concursal, que lleva 4 años de retraso

La senadora de Cs por Zaragoza, Ana Velilla, ha solicitado al Gobierno de España que explique “qué medidas tiene pensado adoptar para aprobar con la mayor celeridad el texto refundido de la Ley Concursal, que lleva más de 4 años de retraso con respecto a la primera habilitación normativa para su aprobación”. Así lo ha expuesto Velilla en una pregunta para su respuesta por escrito que la senadora ha registrado en la Cámara alta.

Tal y como ha expuesto Velilla, “en los últimos meses, medios gubernamentales y de comunicación especializados vienen advirtiendo de la detección de síntomas de desaceleración global, por lo que los gobiernos deben anticiparse y adoptar medidas, entre otras, para dotar a los ciudadanos de un procedimiento verdaderamente eficaz y eficiente, que les permita resurgir y volver a empezar cuando se ven inmersos en una situación de insolvencia”. Según la senadora de Ciudadanos por Zaragoza, “es fundamental para el desarrollo personal, social y económico del ciudadano de buena fe, que ante una situación de insolvencia pueda acogerse a un sistema que le permita resurgir, en un breve período de tiempo, con la exoneración de sus deudas, tanto de acreedores privados como por deudas de Hacienda y de la Seguridad Social”.

Para Velilla, “si el espíritu de la norma es dar una segunda oportunidad real a los empresarios, y personas físicas no empresarios, el Estado debe asumir parte del coste de su ‘mala suerte’ si ésta se produce, como vienen reclamando desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)”, cuyo presidente, ha recordado Velilla, ha precisado que “no puede existir una Ley de Segunda Oportunidad sin que se incluyan los créditos públicos, que son los que realmente hunden a los autónomos”.

Como ha apuntado Ana Velilla, “más del 90% de las empresas españolas tiene menos de 10 empleados, esto es, son micropymes, en las que en general sus socios y/o administradores avalan con su patrimonio personal las inversiones empresariales y la capitalización del patrimonio empresarial”. Por otro lado, “el trabajador medio no tiene capacidad económica suficiente como para sobrellevar con éxito una situación de crisis financiera por falta sobrevenida de empleo, y es habitual endeudarse para sobrevivir e intentar superarlo”. En ambos casos, persona física empresario y persona física no empresario, en situaciones de crisis, bien particular o general, se ven abocados a una situación de insolvencia que se perpetúa en el tiempo.

Del mismo modo, la senadora aragonesa también ha solicitado al Ejecutivo de Sánchez que  detalle cómo se va a asegurar de la trasposición, en el plazo estipulado, de la Directiva (UE) 2019/1023. Y si tiene pensado el Gobierno “promover una medida legislativa para trasladar la doctrina del Tribunal Supremo a norma con rango de Ley, en particular en lo relativo a los créditos públicos”.