El portavoz de la formación liberal, Cristian Poblador, advierte de que “el equipo de gobierno pretende gastar 9 millones en una instalación que nos hipoteca de por vida y que provoca un incumplimiento medioambiental grave”.
El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Caspe ha constatado, tras recibir un informe del Instituto Aragonés del Agua, que el proyecto de planta potabilizadora de ósmosis inversa aprobado en pleno por el equipo de gobierno no cumple con el reglamento de vertidos, tal y como ya alertó la formación liberal al conocer el proyecto.
El portavoz de Cs en el consistorio caspolino, Cristian Poblador, ha recordado que este grupo municipal llevó a pleno una alternativa a la planta de ósmosis del equipo de gobierno, ya que este proyecto conllevaría sobrecostes en el recibo del agua para los vecinos y, además, incumpliría la normativa medioambiental al superar el límite de sulfatos en aguas vertidas al alcantarillado, por las aguas de rechazo vertidas en el proceso de ósmosis.
“Este incumplimiento es de tipo estructural, de muy difícil y costosa solución y no estaba contemplado en el proyecto, ni los informes técnicos de la potabilizadora”, tal y como consta en el estudio solicitado por Cs a una ingeniería especialista en el ciclo del agua, que se aportó al equipo de gobierno y, también, se remitió al Instituto Aragonés del Agua. Por su parte, la formación liberal propuso como alternativa más adecuada la conexión del abastecimiento de Caspe con el Canal de Monegros, opción que el gobierno municipal rechazó.
Por ello, Cs remitió al Instituto Aragonés del Agua, el pasado mes de junio, la información sobre el incumplimiento en los límites de concentración de sulfatos que producirá el vertido de aguas de rechazo de ósmosis de la planta proyectada, para que se evaluara. El organismo ha concluido que, en materia de vertidos, el contenido en sulfatos del agua de rechazo de esta planta y su conductividad sobrepasan los máximos permitidos por el reglamento de vertidos, según la información del proyecto.
De este modo, se pide al consistorio que adopte algunas de las soluciones propuestas por el Instituto, que pasan por prohibir totalmente el vertido, cuando las características que presente no puedan ser corregidas por el oportuno tratamiento, por lo que se tendría que determinar un método de almacenaje, transporte y punto de vertido de estos residuos. Como segunda opción, autorizar el vertido condicionado al establecimiento de un tratamiento previo a su salida a la red general, así como al funcionamiento de los dispositivos de control, medida de caudal y muestreo que se deberá instalar para garantizar el cumplimiento de la normativa.
La tercera opción pasaría por justificar debidamente el vertido ante el ente gestor del servicio de alcantarillado, contando con un informe previo vinculante del Instituto Aragonés del Agua, para que no se produzcan efectos perjudiciales en los sistemas de depuración de aguas residuales, ni se impida lograr los objetivos de calidad establecidos para las aguas residuales depuradas. En este caso, la solicitud de vertido debería justificar la causa y señalar los parámetros del mismo, para que el órgano competente pueda calcular su carga contaminante y evitar efectos indeseables. Por tanto, no se podría verter hasta que no se lograra la autorización de vertido correspondiente, aportando para ello la información que solicitara el Instituto Aragonés del Agua.
“No podemos permitir que el equipo de gobierno se gaste 9 millones de euros de todos los caspolinos en una instalación que, además de suponer un mantenimiento carísimo que nos hipoteca de por vida, provoca un incumplimiento medioambiental grave”, ha sentenciado el portavoz liberal, Cristian Poblador, para pedir al equipo de gobierno que recapacite y considere la propuesta presentada por Cs, que es “más moderna, eficaz y eficiente medioambientalmente”.