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El Grupo Municipal defiende que el equipo de gobierno debería haber consultado con todos los partidos la decisión de recurrir o no

El Grupo Municipal de Ciudadanos ha anunciado que pedirá responsabilidades políticas a Zaragoza en Común en el caso de que el no recurrir la sentencia del autobús tenga consecuencias económicas para las arcas municipales.

Su portavoz, Sara Fernández, ha recordado que se podrían estar hablando de unas cifras que Fernández desconoce “cómo podrían llegar a ser afrontadas por parte del Ayuntamiento cuando el equipo de gobierno reconoce que existe una mala situación financiera”.Fernández no entiende “el afán municipalizador de Zaragoza en Común y sus posturas partidistas con respecto a la sentencia” ya que esta actitud “puede llegar a poner en jaque” a este Consistorio.

Ciudadanos ha criticado también que el equipo de gobierno haya tardado más de un mes en entregar los informes de la sentencia del autobús. Ha lamentado que “los que predican la transparencia y la participación esconden en un cajón un informe que pone en entredicho la decisión de ZeC de no recurrir la sentencia”.

Fernández ha defendido que, ante una sentencia de tal magnitud, “lo mínimo hubiese sido consultarlo con el resto de grupos del Ayuntamiento” porque la decisión “puede llegar a hipotecar las políticas futuras del Consistorio”.

Cambios organizativos

Sobre la decisión de darle un mayor peso a la concejala Elena Giner en la organización del gobierno, Fernández se ha preguntado cuáles son los motivos de hacerlo ahora y no al inicio de mandato, sobre todo “teniendo en cuenta que hay abierto un acuerdo de gobernabilidad a tres”.

Fernández ha anunciado que Ciudadanos preguntará en la próxima Comisión sobre las razones de dicho cambio, sobre qué coste económico tendrá para las arcas municipales y si supondrá la creación de más puestos de personal eventual o la contratación de más asesores.

La portavoz de Ciudadanos cree que cualquier cambio organizativo en el equipo de gobierno debe ser “a coste cero” para las arcas municipales y no debe suponer “la entrada de más personal eventual o de asesores al Ayuntamiento”.