Davinia Romero reprocha al equipo de gobierno “su pésima gestión de este servicio y su falta de transparencia”
Ciudadanos Alagón ha reclamado al Ayuntamiento que se desregule la zona azul tras detectar irregularidades en el contrato de concesión; al tiempo que ha subrayado que los vecinos no están satisfechos con el actual servicio y los comerciantes locales se quejan del impacto negativo que está teniendo en sus negocios.
Su coordinadora, Davinia Romero, ha recordado que el contrato de concesión de la zona de estacionamiento regulado, firmado en 2002, caducó en 2014 y, desde entonces, se prorrogó indefinidamente por decisión del alcalde; por lo que, formalmente, el contrato ya no está en vigor.
Asimismo, Romero ha reprochado al Ayuntamiento “su falta de transparencia y su pésima gestión de este servicio”, pues el contrato también establecía un canon fijo de 2.500 euros anuales que debía pagar la empresa. Dicha cantidad ha sido percibida por el Consistorio tan solo algunos años y, desde 2002, no se ha actualizado respecto al valor del IPC.
Además, considera que el servicio de zona azul “no puede seguir prestándose en estas circunstancias porque las irregularidades del contrato son manifiestas”. “El contrato establecía otro canon variable correspondiente al 80% de los beneficios de la empresa y en el expediente no consta que el Ayuntamiento haya cobrado nunca esa cantidad ni que la compañía haya presentado algún tipo de memoria con sus ganancias”, ha añadido.
En ese sentido, Romero ha subrayado que un grupo de profesores elevó una queja al Justicia de Aragón por la zona azul cercana al colegio y éste les dio la razón e instó al Ayuntamiento a buscar otra solución para regular el aparcamiento cerca del centro escolar.
“Ciudadanos apuesta por buscar otras fórmulas. La gestión de este servicio nunca fue la adecuada por parte del Ayuntamiento y la falta de transparencia ha sido manifiesta. El equipo de gobierno también aumentar el número de plazas en 50 más pese a que el interventor alertó de que suponía una modificación sustancial del contrato y podría ser ilegal. Los servicios públicos no pueden gestionarse de esta manera y por eso exigimos cambios”, ha concluido.