Los grupos reclaman, en una moción conjunta, que se exprese el respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y que se defienda la integridad y la unidad de la nación, del estado de derecho y de la democracia en España

Los grupos provinciales de Ciudadanos y Partido Popular en la Diputación de Zaragoza han presentado una moción conjunta, para su debate en el pleno que la institución celebrará este miércoles, por la que pedirán a la corporación que rechace la posible concesión de indultos a los políticos condenados por el ‘procés’ y que se exprese el respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y la unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia en España.

Además, con esta propuesta se desea que la institución manifieste su apoyo sin fisuras a la labor que realizan los tribunales de justicia españoles, especialmente el Tribunal Supremo, de manera independiente y responsable; se insta al Gobierno central a respetar la independencia de las instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder indultos a quienes han vulnerado no solo la Constitución, sino también otras leyes españolas y que, como han manifestado, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.

Por último, se emplaza al presidente del Gobierno de España a comparecer en el Congreso de los Diputados, en un pleno monográfico, para explicar su intención de conceder el indulto a los condenados por la convocatoria de un referéndum ilegal y la proclamación ilegal de una república catalana independiente.

En octubre de 2017, varios partidos y miembros del gobierno catalán organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad del resto de España y, también, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal república catalana. Dos años después, fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años por los delitos de sedición y, en algunos casos, de malversación.

Cuando se conoció la sentencia, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó que se cumplirían las penas “en su totalidad”, puesto que “nadie está por encima de la ley”. Sin embargo, ahora no esconde su voluntad de indultar a los políticos que fueron condenados, a pesar de que no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento y han dejado claro que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos, así como el Tribunal Supremo se ha mostrado en contra del indulto.

El portavoz de Cs, Conrado Gayán, ha lamentado que el presidente Pedro Sánchez “nos ha acostumbrado a sus contradicciones y este es un ejemplo más de ello”, ha observado. En su opinión, el ‘procés’ abrió una brecha en la sociedad y los indultos no ayudarán a cerrarla, sino a abrirla aún más”, ha dicho tajante, reivindicando la igualdad ante la ley y la Justicia de todos los españoles.

La portavoz del grupo Popular, Iluminada Ustero, ha señalado que, con esta propuesta, “recogen el sentir mayoritario de los españoles” que “han mostrado su total indignación con los planes de Pedro Sánchez”. “No es comprensible que se pretenda indultar a aquellas personas que intentaron quebrar el orden constitucional y mucho menos que se haga por meros criterios de supervivencia, para conseguir alargar la vida de un Gobierno que cada vez tiene menos apoyo popular”, ha añadido.

CONVOCATORIAS DE OPOSICIONES

En otro orden de cosas, ambos grupos provinciales defenderán este miércoles otra propuesta por la que solicitan que se acelere la revisión del modelo de gestión de personal en la institución, con un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos que atienda a las necesidades presentes y futuras, priorice la gestión del potencial de los trabajadores de la casa y optimice los conocimientos, el criterio, la iniciativa y la integridad de la plantilla provincial como principal garantía de valor al servicio de la ciudadanía.

Asimismo, se pide suspender temporalmente las pruebas selectivas para el acceso al empleo público convocadas, y cuyo proceso selectivo aún no haya comenzado, en las que se oferten plazas cubiertas en la actualidad en situación de “abuso de temporalidad” hasta que el Gobierno de España establezca, en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo español, los instrumentos legales que permitan solucionar la situación del personal que las está ocupando en esta situación.

En cualquier caso, se propone que la Oferta Pública de Empleo de 2021, y el establecimiento de las fechas de examen de los procesos suspendidos, deba publicarse antes de la finalización del presente ejercicio y que se cubra, en la próxima OEP, todas las vacantes permitidas por la tasa de reposición atendiendo a las necesidades de la ciudadanía y siempre teniendo en cuenta la normativa aplicable.