El pleno aprueba que el municipio se sume a este plan para que los establecimientos puedan beneficiarse de los recursos, tras más de un año con la actividad limitada por la pandemia.
El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de María de Huerva ha impulsado la adhesión del consistorio de esta localidad zaragozana al plan de ayudas al sector de la hostelería puesto en marcha por el Gobierno de Aragón, y dotado con 50 millones de euros. El pleno del consistorio ha aprobado este martes, a iniciativa de la formación liberal, que el municipio se sume a este plan, una decisión que ya se aprobó también en la comisión de hacienda que tuvo lugar el pasado jueves.
El portavoz de Cs, Javier Zárate, ha asegurado que, desde el grupo municipal, “estamos contentos de que el ayuntamiento haya querido sumarse a este plan de ayuda del Gobierno de Aragón y las diputaciones provinciales” en beneficio de un sector que ha sufrido los efectos de la crisis sanitaria y económica.
Un hotel y ocho establecimientos hosteleros de María de Huerva recibirán, con estas ayudas, “un balón de oxígeno muy necesario tras toda la crisis que ha generado la pandemia en sus negocios”, ha señalado el concejal de la formación naranja, recordando que el consistorio deberá aportar el 20 por ciento de los recursos que se acuerden a través de este plan.
“Desde marzo del pasado año, nuestros comercios y hosteleros se han visto obligados a cerrar, a reducir aforos y horarios y ahora, de nuevo, se encuentran con limitaciones para ejercer su actividad”, ha recordado Zárate, para agregar que el plan de ayudas del Ejecutivo aragonés “era muy necesario, pero llega tarde para muchos de estos profesionales”. En todo caso, ha deseado que los fondos del plan de rescate puedan aliviar la situación de los hosteleros de María de Huerva, “tras un año de pérdidas para todos ellos”.
En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado también, con los votos a favor de PP y Vox, dos iniciativas de Cs que solicitan, en primer lugar, rechazar los indultos concedidos a los políticos del ‘procés’ y reclamar al Gobierno de España que defienda y garantice la igualdad de todos los españoles ante la ley.
La segunda propuesta insta al Ejecutivo central a negociar con el resto de fuerzas políticas y agentes de los sectores afectados una medida de consenso que permita solventar el déficit de mantenimiento de las vías de alta capacidad, de forma que no repercuta en el bolsillo de los ciudadanos ni se prive a ciertos territorios, principalmente de la España rural, de las conexiones necesarias para un desarrollo económico, sostenible y equilibrado de todo el país. Esta misma moción propone acordar un Pacto nacional por las infraestructuras y la movilidad.