El portavoz adjunto de la formación liberal, Víctor Serrano, recuerda que, gracias al convenio con el Colegio de Abogados, se han atendido 247 casos de ocupación ilegal en la capital aragonesa.

Los grupos municipales de Ciudadanos y Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza defenderán una moción en el pleno de este viernes por la que solicitan instar al Gobierno de España a que proceda a modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias, y a recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años.

El portavoz adjunto de la formación liberal, Víctor Serrano, acompañado por la portavoz del PP, María Navarro, ha presentado en rueda de prensa las propuestas que ambos grupos llevarán a pleno. En el caso de la moción sobre la ocupación ilegal, solicita también al Ejecutivo central que incluya nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble, con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. También, proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía.

En un tercer punto, se pide modificar la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda, en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Además, se propone incluir un nuevo apartado en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal, definido en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios; y solicitar que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho. Para ello, los ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello; y se requiere que se modifique la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas.

“Con esta propuesta deseamos ayudar a las personas que sufren el terrible problema de la ocupación ilegal de viviendas”, ha subrayado Serrano, para pedir al Gobierno de España que contemple “este terrible fenómeno” en una futura ley de vivienda. “Esta moción está alineada con lo que ha hecho este gobierno municipal con respecto a la ocupación”, ha defendido, recordando que se firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados para asistir y asesorar en casos de ocupación.

A través de este acuerdo, se han atendido 247 casos en la capital aragonesa, de los que un 92 por ciento corresponden a ocupación de viviendas y el 6 por ciento en edificios completos. El 69 por ciento de quienes han acudido a la asistencia han sido propietarios particulares, un 28 por ciento han sido comunidades de propietarios y en un 11 por ciento de los casos se ha detectado vulnerabilidad social y se ha acudido a otros servicios del ayuntamiento y del Colegio de Abogados.

Los datos indican que el problema está localizado en el Casco Histórico, con un 28 por ciento de los casos; en Delicias, con un 23 por ciento; y en Las Fuentes y Torrero-La Paz, con un 9 por ciento. “Las cifras demuestran que los grupos que criticaron este convenio porque creían que la ocupación ilegal no era un problema, estaban equivocados”, ha sentenciado el portavoz adjunto de Cs.

Por otra parte, Cs y PP han registrado una moción de urgencia por la que piden al pleno emplazar al Gobierno de Aragón a rebajar de forma inmediata los impuestos autonómicos para ayudar a las familias y empresas de la comunidad autónoma ante la situación económica generada por la inflación. Asimismo, reclaman rebajar el IVA de los productos básicos al 4%, así como a deflactar de forma inmediata el IRPF y mantener la bajada del IVA de la luz y del gas hasta que finalice el invierno.