Gómez ha lamentado la “falta de preocupación” del Gobierno central hacia los ayuntamientos implicados en la depuración de aguas en el Pirineo, y es que “una vez más, los municipios son los grandes perjudicados”
Ciudadanos lamenta que el Gobierno mire “hacia otro lado” en el caso de las depuradoras de aguas del Pirineo. Así lo ha manifestado el diputado nacional de Cs, Rodrigo Gómez, tras conocer la respuesta del Ejecutivo central a una pregunta formulada por la formación con el objeto de conocer la “posible” desviación por parte del Gobierno de Aragón de 85,6 millones de euros destinados a depuradoras en el Pirineo aragonés, según un Informe de la Cámara de Cuentas.
Gómez ha insistido en la “gravedad de la respuesta” dada por el Gobierno ante la falta de conocimiento del destino final de los 142 millones transferidos al Gobierno autonómico para la construcción de depuradoras, y que según el ejecutivo se cedieron para “ninguna actuación en concreto”, tal y como señala su respuesta. “Es muy grave que el Gobierno de España no controle el dinero otorgado a una comunidad autónoma, y ésta pueda destinarlo a cualquier fin sin dar una explicación”. Según Gómez, “existen responsables políticos que deben asumir su culpa, unos por gobernar durante más de 20 años en Aragón y dirigir el Instituto Aragonés del Agua, y otro por mirar hacia otro lado y consentirlo porque eran y son sus socios”, al hacer referencia a los 85,6 millones de euros que se destinaron a subvencionar a más de 500 ayuntamientos para la construcción de depuradoras en los ríos pirenaicos, que se otorgaron discrecionalmente y que no se llegaron a construir, tal y como señala el informe. Además, ha continuado, recalcando que es lamentable que el Gobierno no se plantee exigir responsabilidades ya que los fondos otorgados se destinaron a fines no previstos y justificados.
Asimismo, el diputado nacional de Cs ha lamentado la “falta de preocupación” del Gobierno central hacia los ayuntamientos implicados en la depuración de aguas en el Pirineo, y es que “una vez más, los municipios son los grandes perjudicados, por una parte, por no tener las infraestructuras que les prometieron, y por otra, por ser sancionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro por no depurar las aguas”, además ha criticado la “falta de respaldo” de la Administración ya que se afirma que “los hechos se han producido”, que se trata de “infracciones tipificadas en el Texto Refundido de la Ley de Aguas”, y que la imposición de las sanciones no es discrecional sino “imperativo de acuerdo con la normativa”.